Arrecian despidos en planta de Honda en Jalisco; gobiernos federal y estatal mantienen silencio cómplice

 

México, D.F., 14 de mayo de 2013

Este martes los directivos de Honda de México, planta El Salto, Jalisco, arreciaron las medidas represivas, al despedir a cuatro trabajadores más que participaron en el paro del 16 al 18 de abril en demanda de un reparto de utilidades justo, con lo que suman ya nueve los casos, luego de que hace justo una semana iniciara la ola de represalias con cinco despidos. Mientras eso sucede, los gobiernos federal y del estado mantienen un silencio cómplice, abandonando a los trabajadores pese a que asumieron un acuerdo por medio del cual autoridades y empresa se comprometían a que no habría medidas de castigo contra los paristas.

Este acuerdo fue asumido a nombre de las autoridades por el Director General del Trabajo, Francisco Balderrama Bautista —quien actuó en representación del gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval— y por el representante del Departamento Jurídico de la Delegación de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Rodolfo Ochoa del Toro, quienes quedaron como garantes del compromiso de la empresa de no ejercer represalias, esto ante una comisión representativa de los trabajadores, varios de cuyos integrantes ahora están despedidos.

Apenas el 13 de marzo pasado, el Gobernador, en visita a la planta de Honda declaró: “El día de hoy venimos entusiasmados a seguir con un gran compromiso con Honda para que tenga en Jalisco, para que le siga apostando al crecimiento. Lo mejor que ofrece Jalisco, además de su infraestructura, es que vamos a garantizar reformas para que haya una mejor seguridad, mayor certeza en justicia laboral, para que haya mejor organización y, sobre todo, protección e impulso al desarrollo industrial” (23 marzo/2013).

Esa fue una más de las simulaciones del gobierno de Jalisco que, lejos de cumplir con su obligación legal de limitar los abusos de Honda de México, permite abiertamente los despidos. Ni el gobernador Aristóteles Sandoval, ni su representante, Francisco Balderrama Bautista, ni el representante de la autoridad laboral federal, Rodolfo Ochoa del Toro, ni los directivos de la empresa respetaron el acuerdo.

El despido este martes de Edgar Guadalupe Hernández Hernández , Esteban Acero Hernández, Rubén Alejandro Solimán Victoria y Juan Reyes; además de los cinco despedidos la semana pasada y, antes, de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México (STUHM), hace evidente que la intención de Honda es castigar a los trabajadores que se manifestaron para exigir sus legítimos derechos y además, de ese modo, inhibir la organización de los trabajadores de Honda de México para obtener condiciones laborales dignas y una representación sindical auténtica.

Desde su conformación, hace ya tres años, el STHUM ha sido víctima de constantes ataques, amenazas y hostigamiento por parte de la empresa, el sindicato charro y las autoridades laborales; incluso sus dirigentes han sido despedidos, sin embargo, ha resistido y aumentado de manera considerable sus afiliaciones y la simpatía que le tienen los trabajadores.

Actualmente está en marcha el proceso legal por la disputa de la titularidad del contrato colectivo hasta llegar a un recuento, que durante meses ha sido obstaculizado por la alianza entre la empresa, sindicato charro y autoridades laborales, para evitar que, como es evidente, gane el STUHM.

Por una Nueva Central de Trabajadoras y Trabajadores

 

 

Manifiesto 1 de Mayo ¡¡¡Descárgalo y difúndelo!!

Haz click sobre la imagen para descargar el manifiesto

 

 

Anuncian organizaciones nacionales e internacionales campaña global por caso de corrupción de Walmart e inacción del gobierno mexicano

· El modelo de negocios de Walmart atenta contra los derechos económicos y sociales de los trabajadores y atenta contra el patrimonio cultural y ambiental de México
· Movimientos de resistencia contra Walmart experiencia viva que debe servir para unir esfuerzos de toda la sociedad
· Proponen las organizaciones respuesta global para enfrentar al monstruo
A un año de que se destapara el escándalo que puso en evidencia los sobornos de Walmart a autoridades mexicanas por más de 24 millones de dólares, la empresa no ha dado una explicación de su comportamiento y el gobierno mexicano ha congelado las investigaciones tratando de garantizar silencio en el caso, por ello organizaciones nacionales e internacionales acordaron realizar acciones para impedir que el caso quede impune y para frenar el modelo corrupto, depredatorio y violador de la ley en el que Walmart ha sustentado su crecimiento.
“La rápida expansión de Walmart ha moldeado para mal el paisaje minorista mexicano con base en el deterioro del patrimonio cultural y ambienta, así como en la negación total de los derechos de sus trabajadores. Ahora resulta que el soborno juega un papel destacado en ese proceso y el gobierno mexicano no actúa para hacer cumplir la ley”, afirmó el coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), Héctor de la Cueva, durante una conferencia de prensa en la que se dieron a conocer los resultados del Seminario Internacional: Impactos e Implicaciones de la Expansión de Walmart en México.
A iniciativa de UNI-Global Union y del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), más de una treintena de especialistas y dirigentes sociales nacionales e internacionales se reunieron en la ciudad de México en el Seminario Internacional : Impactos e Implicaciones de la Expansión de Walmart en México, para intercambiar información y proponer las acciones a seguir frente a la opacidad con que empresa y autoridades han actuado en el caso de corrupción, así como las prácticas depredatorias de la empresa.
Junto con los representantes de UNI, Global Union, Eduardo Sanromán, Christina Hajagos y Benjamin Parton, Héctor de la Cueva explicó que más de una treintena de organizaciones sociales, ambientalistas, de consumidores, así como abogados y académicos acordaron participar activamente en la campaña global contra las prácticas corruptas y depredatorias que se han convertido en el modelo de expansión de Walmart.
“Formaremos una Red Social para enfrentar ese modelo de expansión. Estaremos trabajando unidos para iniciar un proceso en los terrenos legal y legislativo para poner un freno al cinismo de Walmart. Es urgente actuar en México, y si el gobierno federal no lo hace, es momento de que la sociedad civil actúe, para empezar, exigiendo a la trasnacional que respete su propio código de ética y exponga y castigue los casos de corrupción en que se ha visto envuelta”, agregó.
De la Cueva confirmó que esa Red Social iniciará una defensa conjunta de los derechos laborales, culturales y ambientales de la sociedad mexicana frente a los ataques de Walmart y la complicidad del gobierno mexicano. Esta misma Red se unirá a las demandas que se han presentado y se seguirán presentando ante el sistema de quejas de ética de Walmart
Por su parte, Eduardo Sanromán, de la UNI-Global Unión (sindicato global que afilia a unos 20 millones de trabajadores del sector servicios de 140 países, muchos de ellos trabajadores de Walmart), indicó que existe gran preocupación en el mundo porque Walmart no ha aplicado su propio código de ética y sostiene en su plantilla a ejecutivos que han realizado sobornos; además de que mantiene la política de negación de la libertad sindical, al impedir la organización de sus trabajadores y con ello evita una negociación colectiva auténtica. México y Estados Unidos son países emblemáticos en esta violación a los derechos sindicales por parte de la empresa.
La UNI-Global Union se compromete a mantener la cooperación con la Red Social que se formó durante el Seminario Internacional para obligar a Walmart a cumplir con la ley de los países en los que se establezca empezando por México. Colaboraremos estrechamente con las organizaciones mexicanas para intercambiar información de las investigaciones que se hagan sobre el caso de corrupción de tal modo que éstas puedan avanzar en el castigo a los culpables de propiciar y recibir los sobornos.
Walmart es una empresa trasnacional que se ostenta como la mayor empleadora en el país, pero sus grandes ganancias derivan de la sobreexplotación de la mano de obra de los trabajadores, del acaparamiento de productos industrializados, manufacturados y agrícolas, lo que le permite fijar precios a través del control absoluto de ofertas y demandas cautivas.
Además, Walmart elimina la libre competencia, destruye a los pequeños comerciantes, arruina el patrimonio cultural de México y atenta contra las redes sociales tradicionales de las comunidades donde se asienta. La expansión de Walmart en México, se da bajo el cobijo de los gobiernos federal y locales; de ese contexto han surgido por todo el país movimientos de resistencia, algunos que han culminado con la imposición desastrosa de la voluntad de Walmart, como en Teotihuacan o de triunfo popular como en Cuetlazan. Actualmente, en diversos puntos de la ciudad de México se llevan a cabo nuevos movimientos.
En este sentido el presidente de Conservación Social del Patrimonio Cultural, Luis Adolfo Gálvez González, expuso que en varios estados del país, entre ellos Veracruz, Puebla, Estado de México y Distrito Federal, diversos movimientos mantienen sus luchas por evitar o revertir la imposición de Walmart en sitios históricos, artísticos y reservas naturales.
“La trasnacional, y otras empresas comerciales con prácticas similares deben ser reguladas por el Estado, porque de no ser así, por criterios económicos acabaremos con el patrimonio nacional; y en caso de que no obedezcan las leyes del país deberán ser sancionadas o revocados sus permisos de operación”, expuso Gálvez González.
Informó que a través de la Red Social contra las prácticas depredatorias de Walmart pedirán al Poder Legislativo de México que se reviertan los permisos con que la empresa funciona en Teotihuacan y se devuelva a la comunidad su modo de vida tradicional.

Exige CILAS inmediata y justa solución al conflicto generado por Honda de México en relación con el reparto de utilidades

 

 

 

 

Sr. Jesús Báez

Isamu Yamaki

Directores de Honda de México

Alfonso Velasco

Gerente de Seguridad Corporativa de Honda

 

En relación con el paro en la planta de Honda de México ubicada en El Salto, Jalisco, el  Centro de Investigación Laboral y Asesoría Laboral (CILAS) les hace un exhorto para que de manera inmediata se pongan en contacto con la representación de los más de dos mil trabajadores que reclaman el pago justo de su  derecho constitucional al reparto de utilidades y se inicien las negociaciones para poner fin a este conflicto.

Como miembros de la sociedad civil nacional e internacional hemos estado atentos a la problemática salarial, laboral, sindical y de seguridad en el trabajo que enfrentan los trabajadores de esa planta a causa de las reiteradas omisiones  de la administración que ustedes encabezan y que impiden soluciones prontas a las justas demandas de los trabajadores.

Nos solidarizamos plenamente con las demandas de los trabajadores: 1) El pago de reparto de utilidades equiparable a la cantidad entregada el año fiscal 2012, que en promedio fue de 70 mil pesos; 2) Reconocimiento al STUHM como su sindicato representante; 3) De no cumplirse el punto 1, se otorgue un incremento de 30 por ciento directo al salario  y 4) Que la empresa se comprometa a no tomar represalia alguna contra quienes participan en el movimiento.

Ustedes tienen la obligación de reconocer que son los causantes de este conflicto al ofrecer una ridícula cantidad —entre 140 y 300 pesos— como reparto de utilidades; por el contrario ustedes deben corresponder con el aumento de la productividad de sus propios trabajadores, la cual fue de 60 por ciento. Por tanto, deben asumir la responsabilidad y sentarse a negociar para dar una salida justa al problema que originaron.

De igual forma reclamamos que dejen ya de recurrir a las maniobras legaloides, políticas y represivas que han estado usando desde hace tres años para impedir que los trabajadores de Honda de México elijan libremente a sus representantes sindicales auténticos; en este caso, como es evidente, el Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México.

Como parte de la sociedad civil el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical seguirá atenta y activa para difundir el desarrollo de este conflicto, concitar a la solidaridad y apoyo de sindicatos, organizaciones y personalidades de todo el mundo hasta lograr una solución justa, tal como seguimos haciéndolo en el caso del homicidio industrial que causó la muerte de Armando Arana, trabajador que falleció víctima de la negligencia de uno de sus directivos.

Paro total de trabajadores de Honda de México en Jalisco, exigen pago justo del reparto de utilidades y reconocimiento al sindicato independiente

 

 

  • El movimiento en respuesta a la pretensión de la empresa de declararse en “ceros” y darles sólo 300 pesos
  • Se incrementó la producción en más de 60 por ciento, en ese porcentaje debe incrementarse el monto económico de ese derecho, argumentan paristas
  • Desconocen trabajadores al sindicato charro y exigen se reconozca al STUHM como su representación sindical legítima

 

Los más de dos mil trabajadores de la planta de Honda de México ubicada en El Salto, Jalisco, mantienen, desde la tarde del martes, un paro indefinido de labores para exigir su derecho constitucional al reparto de utilidades —semejante al de años anteriores—  y el reconocimiento del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México (STUHM). Esto luego de que la empresa diera a conocer que les daría entre 140 y 300 pesos como bono de productividad.

El anuncio de la empresa causó indignación entre los trabajadores de la planta, quienes a medida que fueron enterándose se organizaron, de tal modo que al paro iniciado por quienes laboran en el tercer turno fueron sumándose los del segundo y primer turno, de tal modo que en este momento la planta se encuentra totalmente paralizada.

Los paristas conformaron una Comisión Negociadora, con 10 trabajadores de diversas áreas de la planta, para plantear el pliego petitorio que presentarán a los directivos de Honda, el cual consiste en: 1) El pago de reparto de utilidades equiparable a la cantidad entregada el año fiscal 2012, que en promedio fue de 70 mil pesos; 2) Reconocimiento al STUHM como su sindicato representante; 3) De no cumplirse el punto 1, se otorgue un incremento de 30 por ciento directo al salario  y 4) Que la empresa se comprometa a no tomar represalia alguna contra quienes participan en el movimiento.

Hasta el momento los directivos de la planta de Honda en El Salto se han negado a tener cualquier acercamiento con la Comisión Negociadora.

El STUHM informó que después de la negativa a aceptar los 300 pesos la empresa ofreció darles ocho mil pesos, en calidad de préstamo, lo cual, como era lógico, también fue rechazado por los trabajadores, quienes decidieron continuar el paro.

“No hay argumento alguno que sea creíble para negar o disminuir el monto del reparto de utilidades; por el contrario, debe incrementarse en por lo menos 60 por ciento con respecto a años anteriores  dado que la producción subió de 45 mil 390 vehículos CRV manufacturados en 2011 a 62 mil 256 en 2012. Es absurdo que la empresa declare utilidades en 0”, explicaron directivos del STUHM.

Asimismo, los trabajadores de Honda en paro demandan el reconocimiento al STUHM como su única representación sindical legítima; desconocen al sindicato charro que actualmente ostenta la administración del contrato colectivo, “ya que en vez de proteger los derechos de los trabajadores, se dedica a defender los intereses de la empresa, como en este caso que nada ha hecho para favorecer el pago de un reparto de utilidades justo”, agregaron los representantes del STUHM.

Desde su conformación, hace ya tres años, el STHUM ha sido víctima de constantes ataques, amenazas y hostigamiento por parte de la empresa, el sindicato charro y las autoridades laborales; incluso sus dirigentes han sido despedidos, sin embargo, ha resistido y aumentado de manera considerable sus afiliaciones y la simpatía que le tienen los trabajadores, no siempre manifiesta abiertamente por el clima de represión que se vive dentro de la planta.

A pesar de ello es evidente que los trabajadores ven al STUHM como la instancia en la cual depositan su confianza y representación legítima, Actualmente está en marcha un recurso legal por la disputa de la titularidad del contrato colectivo, el llamado recuento, que durante meses ha sido obstaculizado por la alianza entre la empresa, sindicato charro y autoridades laborales, para evitar que, como es evidente, gane el STUHM.

Por otro lado, la dirigencia del STUHM señaló que la lucha por un reparto de utilidades justo no será motivo para olvidar el caso de Armando Arana, trabajador de la planta fallecido el 25 de marzo pasado a consecuencia de la negligencia de los directivos de Honda. “Nos mantendremos atentos para que se no quede impune este homicidio industrial y se repare el daño a los familiares de Arana”.

Carta al Secretario del Trabajo en relación con homicidio industrial en planta de Honda en Jalisco

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Jesús Alfonso Navarrete Prida

Secretario del Trabajo y Previsión Social

Lic. Jaime Zúñiga Hernández

Delegado de la STPS en Jalisco

Lic. Rolando Javier Vázquez Gutiérrez

Jefe del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo

 

México, D.F.1 de abril de 2013

 

Como es de su conocimiento, el pasado 25 de marzo tuvo lugar un homicidio industrial en la planta de Honda de México situada en El Salto, Jalisco, del que resultó víctima Armando Arana, trabajador con 14 años de antigüedad, quien antes había reclamado en diversas ocasiones las condiciones de riesgo en las cuales desempeñaba sus funciones, motivo por el cual, personal directivo de la empresa lo hostigaba y cambiaba de su lugar de trabajo (Área de Prensa), como castigo.

Ese día se le ordenó a Armando Arana que pintara las rampas de desembarque en la planta de motos, para ello, debían mover contenedores que se encontraban en el lugar y, en un espacio de aproximadamente un metro, pintar de amarillo las rampas.

Cuando se presentó en el lugar Arana pidió a directivos de la empresa que se pusieran señalamientos de seguridad, por lo menos, conos naranjas que advirtieran su presencia y evitar accidentes por las maniobras de carga y descarga de los contenedores. Le respondieron que no era necesario y que realizara el trabajo so pena de despido.

Alrededor de las 14:30 horas, por orden de los directivos de la empresa, uno de los choferes, entró de reversa para enganchar el tráiler con un contenedor, al realizar la maniobra éste se recorrió prensando a Armando Arana que se encontraba en la rampa pintando, ante la falta de avisos o señalamientos de que había compañeros realizando labores en el área. El chofer no se percató de que ahí se encontraba Armando.

El cuerpo del compañero fue levantado sin el procedimiento previsto en la ley, sin peritajes para deslindar responsabilidades; sin ruido, para que nadie se diera cuenta de este homicidio industrial perpetrado por la empresa, y así informar a la ahora viuda que fue un simple accidente del cual Armando era responsable.

Ante esta situación exigimos que la Secretaría del Trabajo, y demás autoridades laborales federales y locales, deslinden las responsabilidades respecto del homicidio industrial antes señalado. Que realicen inspecciones a fondo de las áreas de trabajo y obliguen a Honda de México a tomar medidas para proteger la vida de sus trabajadores en las zonas detectadas como de alto riesgo y prevenir nuevos actos de negligencia.

Carta a directivos de Honda en relación con homicidio industrial en planta de Jalisco

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Sr. Jesús Báez

Isamu Yamaki

Directores de Honda de México

Alfonso Velasco

Gerente de Seguridad Corporativa de Honda

 

México, D.F., 1 de abril de 2013

A una semana de la muerte de Armando Arana, víctima de la indolencia y el desprecio de los directivos de Honda de México por la seguridad y la vida de sus trabajadores, la empresa mantiene un silencio criminal tratando de ocultar lo que a todas luces es homicidio industrial y evadir su responsabilidad.

Al momento del incidente que le costó la vida el pasado 25 de marzo, Armando Arana laboraba en la planta de Honda de México en El Salto, Jalisco, en una zona que no le correspondía y bajo un alto riesgo por el movimiento constante de contendedores. A pesar de las advertencias, el encargado de la empresa se negó a tomar cualquier medida preventiva, lo que trajo consigo la trágica muerte de Armando Arana.

Exigimos que de inmediato Honda de México aclare lo sucedido a Armando Arana —trabajador del Área de Prensa, con 14 años de antigüedad—; que explique por qué la negativa a tomar medidas precautorias para salvaguardar su integridad, práctica común en esa empresa, según denuncias de los propios empleados de la planta.

Honda de México debe asumir públicamente la responsabilidad del hecho, comprometiéndose a indemnizar a los deudos de Armando Arana y a establecer las medidas de seguridad necesarias para garantizar, dentro de la planta industrial, la vida de todos y cada uno de sus trabajadores.

Como parte de la sociedad civil mexicana seguiremos atentos a este caso para mantener informada a la opinión pública y evitar que el homicidio industrial que significó la muerte de Armando Arana quede impune.

 

 

Debe irse a fondo contra Elba Esther y su mafia, pero también contra sus cómplices gubernamentales de cuatro sexenios

  • El nuevo “quinazo” busca legitimar y ocultar el lado perverso de la reforma educativa contra los derechos laborales
  • Peligro de  que sea usado como pretexto antisindical
  • Debe significar apertura para la limpieza y democratización totales en el  magisterio
  • Debe gobierno demostrar que no es una ofensiva antisindical solucionando de inmediato los conflictos de trabajadores mineros y electricistas

La detención de Elba Esther Gordillo no puede sino celebrarse tanto por la sociedad civil en general como por el sindicalismo auténtico, por tratarse de la caída de uno de los personajes más oscuros y siniestros de la mafia sindical corporativa, caracterizada por la corrupción y el abuso de poder. El historial delictivo de Elba Esther Gordillo brinda motivos y evidencias de sobra para enjuiciarla, pero precisamente esto no debería limitarse a los tres años más recientes, y debiera incluirse —si realmente se quisiera actuar con base a la legalidad— a todos sus cómplices en la mafia sindical y en los gobiernos que la cobijaron y auspiciaron durante cuatro sexenios. La sociedad no puede aceptar la farsa del descubrimiento reciente de las malversaciones ni que se trata simplemente de un repentino acto de justicia por parte del mismo gobierno priista que la encumbró.

El ya calificado como el “quinazo” de Enrique Peña Nieto —parece válida incluso la duda de si detrás de la acción no está el mismo artífice— es, como el original, una “jugada de tres bandas”. En primer lugar, se trata de una acción espectacular que persigue dar legitimidad y popularidad al nuevo y cuestionado gobierno, y consolidar el poder real del titular del Ejecutivo por medio de un ajuste de cuentas faccioso que lleva múltiples mensajes disciplinadores. El ajuste de cuentas incluye el castigo al atrevimiento de haber cuestionado, aunque fuera por intereses mafiosos, la reforma educativa, como La Quina pagó el convertirse en un obstáculo para la reconversión privatizadora de Pemex.  En segundo lugar, el golpe busca precisamente fortalecer y dar legitimidad a la imposición de la reforma educativa, ocultando su lado pernicioso: la anulación de los derechos laborales de los maestros con el pretexto de la evaluación.

Pero, en tercer lugar, la jugada persigue recomponer y refuncionalizar al viejo aparato corporativo sindical y sus relaciones con el poder, así como facilitar un golpe a la disidencia democrática magisterial y, de ser posible, continuar con la ofensiva antisindical implantada por Calderón.

Están por verse, seguramente pronto por la rapidez con la que está actuando el peñanietismo, los alcances del golpe en el terreno sindical. Cabe recordar que al “quinazo” siguieron inmediatamente los derrumbes de Carlos Jongitud Barrios —precisamente del que surgió Elba Esther Gordillo— y del líder sindical de los músicos, Venus Rey. Muchos cacíques pusieron sus barbas a remojar. Ahora, tras el encarcelamiento de Elba Esther, ¿será necesario que corran más cabezas de los capos corporativos? ¿O será suficiente con el elbazo para acabar de apretar las tuercas del aparato corporativo?

En todo caso, como cuando Salinas, por la remoción o por el disciplinamiento, se intenta “remozar” el aparato sindical priista, reforzar su sumisión al gobierno y colocar a dirigentes supuestamente menos desprestigiados, más dúctiles y útiles a los proyectos privatizadores neoliberales. Cabe también recordar que, al tiempo del “quinazo”, Salinas llevó a cabo la primera intentona de impulsar una reforma laboral propatronal. La historia es conocida. El aparato sindical corporativo terminó de plegarse al proyecto neoliberal, pero Salinas terminó pactando con ese aparato y la reforma laboral se frustró. Ahora, el gobierno consiguió imponer primero las reformas laboral y educativa, lo que de entrada crea las condiciones para reducir las condiciones laborales y socavar las bases de sustentación del sindicalismo en general. Pero están pendientes otras reformas y medidas en la agenda neoliberal.

Conocemos el desenlace del “quinazo” respecto a los flamantes “dirigentes” de remplazo; en particular, la “prototipo” del nuevo dirigente sindical, Elba Esther Gordillo, terminó representando un cacicazgo más prolongado y podrido que su antecesor. Y acabó siendo también una pieza que dejó de ser útil al sistema, un obstáculo desprestigiado y caro. Ahora se ha impuesto al magisterio al segundo de Elba Esther, evidentemente cómplice de todas sus corruptelas. ¿Cuál justicia?

Sin embargo, lo más peligroso es que la “popularidad” de poner en la cárcel a Elba Esther, en realidad este ajuste de cuentas entre las mafias del poder, sea utilizado para minar todavía más al sindicalismo auténtico y que, como dice el dicho popular, se busque “tirar el agua sucia con todo y niño”. En especial, el peligro es que ahora se quiera golpear al magisterio democrático; de hecho ya comenzó una campaña mediática en ese sentido. El péndulo, clásicamente priísta, cuando pega a la derecha pega después a la izquierda, como fórmula de poder.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es la instancia que desde siempre ha luchado contra la corrupción y la mafia en el SNTE, denunciado la multimillonaria malversación de fondos de la “lideresa” y en favor de lograr una mayor democracia y representación legítima de las y los maestros. Es quien tiene la autoridad moral para exigir la limpieza y democratización total en ese sindicato tras la caída de su enemiga número uno.

La detención de Elba Esther no significa, por sí misma, que se ha abierto la puerta a la democracia en el SNTE; más bien al contrario, el “elbazo” se está traduciendo en la reproducción de la antidemocracia impuesta por el gobierno en ese sindicato, acompañada de una estrategia de control por la vía de la fragmentación del sindicalismo magisterial en diversas organizaciones estatales, o incluso nacionales, sometidas a los cacicazgos locales y al propio gobierno federal.

La CNTE y el conjunto del magisterio democrático están llamados a abrir esa puerta a una verdadera limpieza y democratización del sindicato magisterial, al tiempo que defienden los derechos laborales y sociales amenazados por la reforma educativa peñanietista.

Finalmente, si el gobierno federal afirma que la detención de Elba Esther no busca traducirse en una ofensiva antisindical como la que desarrolló Felipe Calderón, debe demostrarlo con hechos, solucionando de inmediato los conflictos de los sindicatos Minero Metalúrgico y Mexicano de Electricistas, y no obstaculizar elecciones libres y democráticas en el gremio magisterial.

Indignante la resolución de la Corte en el caso SME; comparable sólo a sentencias de tribunales de las peores dictaduras

México, D.F. 31 de enero de 2013

El fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto al caso del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) es una mancha vergonzosa en la historia del país que, además de causar indignación, coloca a ese tribunal en un alto nivel de ridículo en el mundo por su genuflexión al Poder Ejecutivo y sus fallos contradictorios e injustos, comparables solamente a aquellos que distinguen a las cortes de regímenes dictatoriales.

El grotesco fallo emitido por la Segunda Sala de la SCJN el miércoles 29 de enero es un ejemplo de arbitrariedad y autoritarismo que al negar la protección de los derechos humanos, laborales y sociales de miles de trabajadoras y trabajadores electricistas viola los preceptos Constitucionales,  las leyes secundarias y la normativa internacional.

En lugar de desechar el recurso del SAE, por notoriamente improcedente —como argumentaron destacados juristas nacionales e internacionales— o regresar el asunto al Segundo Tribunal Colegiado para su revisión, la SCJN decidió, sorpresivamente y sin un debate de fondo, calificar el asunto de fondo y de esa manera justificar, de manera grosera, los pretextos gubernamentales para liquidar Luz y Fuerza del Centro arrojando a la calle a 44 mil trabajadores.

Entre las barbaridades expuestas por los ministros de la Corte destaca la afirmación de que el gobierno federal no es patrón de las y los empleados de las empresas descentralizadas, porque éstas tienen autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios; sin embargo sí le “reconocen” capacidad para liquidarlas. En la lógica de los ministros, el gobierno sí es patrón para lanzar a la calle a 44 mil trabajadores, pero no lo es para recontratarlos bajo la figura de patrón sustituto, como lo obliga la ley y ya lo había determinado el Segundo Tribunal Colegiado.

En su resolución final de la demanda 1337/2010 el Colegiado indica que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje indebidamente consideró procedente aprobar la terminación de las relaciones laborales, tanto colectivas como individuales, por existir supuestamente una causa de fuerza mayor o caso fortuito, sin advertir que el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, se sostuvo en la incosteabilidad financiera, además de que no advirtió que al utilizar la CFE los bienes de la extinguida, resultó beneficiaria y por ende patrón sustituto. La sentencia definitiva —que consta de 449 fojas— es contundente, al indicar que no hubo tal causa de fuerza mayor y no tienen que darse por terminadas las relaciones laborales para estos trabajadores y que su patrón sustituto es la CFE.

En su afán de servir al poder la SCJN omitió la argumentación del Tribunal Colegiado y trata de justificar lo que es evidentemente injustificable. Avala un “caso fortuito” y una “fuerza mayor”  que son indemostrables.

Todavía más;  la Corte, tan proclive a resguardar el debido proceso si el gobierno federal se lo pide en el caso de una extranjera, en el caso del SME respaldó y justificó todo el cúmulo de violaciones al debido proceso.  En realidad, en la Liquidación de Luz y Fuerza ni siquiera hubo proceso, sino la imposición autoritaria de la medida. El asunto no se sometió al Consejo de Administración de la propia empresa, ni al Congreso de la Unión, ni se informó al SME; el gobierno federal utilizó al Ejército Mexicano y a los cuerpos policiales como fuerzas de ocupación en las instalaciones  de Luz y Fuerza antes de emitir el decreto.  No existió debido proceso, ni caso fortuito ni causa mayor, pero sí violaciones a los derechos humanos y agravios a la Constitución, pero eso a la SCJN no le importó, ocupada como está de acatar sumisamente lo que convenga al gobierno de Peña Nieto.

En poco más de una semana la SCJN demostró su criterio veleidoso y arbitrario, al defender el debido proceso y los derechos humanos de una ciudadana francesa, Florence Cassez y avalar la violación los correspondientes debido proceso y derechos humanos de miles de trabajadoras y trabajadores mexicanos.

Es preciso decirlo claramente: la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una vergüenza para todas y todos los mexicanos; ha convertido a la justicia mexicana en el hazmerreír del mundo. Este hecho marca que, desde el inicio de su gobierno,  Enrique Peña Nieto, con la ayuda de los ministros de la Corte se está ganando el desprestigio nacional e internacional, desprestigio que irá en aumento mientras no le dé solución a este conflicto

Ante la aberración jurídica que ha cometido la Corte, el SME y la sociedad civil harán valer su derecho de manifestarse y buscar justicia con la movilización en las calles y ante instancias internacionales. Como ha sido y es evidente, las y los trabajadores electricistas cuentan con el apoyo de sindicatos, organizaciones y de millones de ciudadanos de México y de un sinfín de países.

Convocan a las y los trabajadores del país a promover amparo contra la reforma laboral y luchar por sus derechos

  • Invitan a visitar la página www.amparoreformalaboral.org donde se podrá encontrar, de manera gratuita toda la información sobre como interponer el recurso
  • El periodo para promover el amparo concluye el 10 de enero de 2013
  • La reforma laboral profundizará, todavía más, el trabajo precario en todas sus dimensiones, dando manga ancha para el abaratamiento de la mano de obra en beneficio único de los patrones.

Diversas organizaciones sindicales, de abogados y de la sociedad civil anunciaron hoy el inicio de una campaña a nivel nacional de promoción de amparos contra la reforma laboral por considerarla altamente lesiva de los intereses de millones que sólo tienen su trabajo para sobrevivir. Por ello, llaman a todas y todos los trabajadores del país a interponer amparos —individuales, grupales o por sindicato—, para defender sus derechos humanos laborales ganados durante décadas de lucha de la clase trabajadora.

Las organizaciones promotoras de esta campaña señalaron la importancia de movilizarse y revertir los efectos nocivos que la reforma laboral, publicada en el Diario Oficial el pasado 30 de noviembre, tiene para las y los trabajadores; y resaltaron la trascendencia de acompañar estas acciones por la vía jurídica mediante el amparo.

Este amparo es avalado por las siguientes organizaciones Unión Nacional de Trabajadores, FAT, ANAD, UNJ, SME, CROM, Congreso Nacional de Bases, CILAS, CEREAL, entre otros.

Dicha reforma, añadieron los promotores, se puede impugnar en el periodo que va del 3 de diciembre de 2012 al 10 de enero de 2013, por lo que instaron a todas y todos los trabajadores del país a visitar la página electrónica: www.amparoreformalaboral.org en la que podrán encontrar el formato de amparo, un manual para documentarlo, el juzgado donde deberán presentarlo —según su ubicación geográfica— y cómo darle seguimiento.

Hicieron hincapié en que todo el procedimiento —formato, presentación, seguimiento y asesoría vía internet— es totalmente gratuito, e insistieron en que el amparo debe presentarse antes del 10 de enero de 2013, fecha en que concluye el término de ley para impugnar las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo.

Las organizaciones enumeradas coincidieron en que la reforma laboral debe derogarse porque es restrictiva, regresiva y violatoria de los derechos de toda la clase trabajadora. “No nos sentimos representados por esa ley; lo que hace es impedir que se nos otorgue un salario digno por nuestros trabajo capaz de solventar nuestras necesidades”.

Al aplicarse, la reforma laboral profundizará, todavía más, el trabajo precario en todas sus dimensiones, dando manga ancha para el abaratamiento de la mano de obra en beneficio único de los patrones. Quienes promovieron y votaron la aprobación de la reforma mienten cuando pretenden hacernos creer que ha habido grandes avances en materia laboral.

Expusieron que la realidad que enfrenta la clase trabajadora mexicana se refleja en un aumento en el desempleo, que rebasa ya —de acuerdo con estudios académicos de la UNAM— la tasa de 15 por ciento, casi el triple de lo que indican las cifras oficiales. En la informalidad, dice la propaganda gubernamental, se encuentran 14.1 millones de personas, pero si se considera a aquellos que no tienen acceso a instituciones de salud o a las prestaciones mínimas de ley, el número asciende a 31.1 millones.

Aún si tomamos en cuenta las siempre desconfiables cifras oficiales existe un rezago acumulado de más de 4.6 millones de puestos de trabajo. Cada año se requieren 1.1 millones y apenas se crearon en promedio 335 mil plazas formales cada año, de las cuales una gran proporción son empleos tercerizados o precarios (como ejemplo: sólo 34.9 por ciento de los ocupados tiene acceso a servicios de salud), agregaron.

 

Si tenemos en cuenta que el universo de trabajadores tercerizados o subcontratados se encuentra por debajo de las condiciones laborales de quienes son contratados directamente, la situación se agrava dada la progresión exponencial de este tipo de contratación ­—más de 40 por ciento de los nuevos puestos en los últimos 15 años— puesto que con este fenómeno se promueve una marginalización galopante de los trabajadores mexicanos.

 

El salario remunerativo es otra de las grandes deudas —según los organizadores de la campaña—, ya que en la administración federal pasada el desplome del poder adquisitivo de los salarios superó 25 por ciento. El precio del kilogramo de tortilla se elevó 70.5 por ciento; el de huevo blanco más del 120 por ciento; arroz, 47.8 por ciento; frijol bayo, 127.3 por ciento, y el litro de aceite vegetal, 83 por ciento. En 2006 con un salario mínimo se podían comprar siete kilos de tortilla, hoy alcanza para cinco. En relación con el huevo, 14 por ciento de la población ha dejado de comprarlo por su alto costo y 64 por ciento redujo su consumo.

 

De todo este oscuro panorama los más afectados son las y los jóvenes. De los 36.6 millones de mexicanos jóvenes, 19.5 por ciento no estudia ni trabaja y 5.1 millones vive en pobreza extrema. Sólo uno de cada tres jóvenes que ha buscado empleo lo consigue en el sector formal; de los empleados casi la mitad trabaja en condiciones precarias, sin prestación alguna. Del total de desempleados, 57 por ciento son jóvenes. Son precisamente las y los jóvenes mexicanos los que resultan más afectados con la reforma laboral impuesta por los patrones en complicidad con el gobierno y la mayoría del Poder Legislativo. Con los contratos de capacitación y a prueba, el pago por hora y la multifuncionalidad, se les condena a una vida sin certeza en el empleo, a saltar de “chambita en chambita”, con sueldos de miseria, sin acceso a la salud y sin prestaciones que les den certeza a futuro.

DECLARACIÓN de la Convención Nacional Sindical en Defensa de las Conquistas Laborales

Al pueblo de México:

Días aciagos se ciernen sobre la clase trabajadora de este país. En el Congreso dela Unión, donde debería velarse por los intereses populares, se fragua uno de los mayores atracos contra la gente que vive de su trabajo y contra sus organizaciones sindicales: la reforma neoliberal ala Ley Federaldel Trabajo que por tanto tiempo buscó la patronal, a su gusto y medida, está en marcha.

Reunidas en esta gran Convención unitaria –porque unidad en estos momentos difíciles es lo que nos exigen las y los trabajadores mexicanos–, las organizaciones sindicales participantes le decimos al pueblo de México que de consumarse esta “reforma” los patrones tendrán las manos libres para contratar y despedir a su antojo, para expandir la simulación perversa de la tercerización, para contratar por hora de acuerdo a su conveniencia y, en pocas palabras, para eliminar la estabilidad en el empleo, fomentar la precarización del trabajo y socavar tanto la contratación colectiva como la organización autónoma de los trabajadores.

En estas condiciones todos resultarán afectados, especialmente los jóvenes, quienes de aprobarse esta ley serán condenados a pasar de un empleo a otro, sin acumular derechos y sin la más mínima oportunidad de aspirar a un retiro digno. Más de 5 millones de jubilados y pensionados, por otra parte, resentirán el efecto combinado de la contrarreforma laboral y de los procesos en marcha de privatización de la seguridad social mexicana, lo que les augura un futuro incierto y bajo condiciones de pobreza, a causa de las raquíticas pensiones que perciben.

En lugar de poner un alto a las reiteradas violaciones patronales de los derechos laborales, se les encubre cambiando la ley. Legalizar lo ilegal es la divisa de una reforma que de ninguna manera impulsará el crecimiento del país y mucho menos el empleo digno; por el contrario, con ella se profundiza la tendencia a convertir a México en el paraíso del trabajo precario, por medio de la reducción extrema del costo de la mano de obra. Todo ello para beneficio de los empresarios nacionales y extranjeros. No es la competitividad, sino la servidumbre de las y los trabajadores lo que se busca en el fondo.

Es por ello que nuestras organizaciones de ninguna manera podemos admitir el que se utilice la legítima reivindicación de mayor democracia y transparencia en los sindicatos como moneda de cambio para consentir la reducción o eliminación de los derechos fundamentales de los trabajadores.

 

 

Escoger entre la democracia sindical y los derechos humanos y laborales es una disyuntiva falsa, que oculta el hecho de que el verdadero núcleo de la iniciativa que envió el Titular del Ejecutivo es la flexibilidad a ultranza y unilateral de las relaciones laborales. Ello quedó demostrado cuandola Cámarade Diputados eliminó los capítulos vinculados a la democracia y transparencia, sin que ello molestara mayor cosa a los auténticos promotores de la reforma, comola COPARMEX, quienes incluso le exigieron a los senadores que aprobaran sin cambios la minuta dela Cámara Baja.

Para democratizar verdaderamente al mundo del trabajo es necesario un amplio debate nacional en el que participen todas las vertientes del sindicalismo mexicano y en el que se consideren, entre otros temas, la democracia, la independencia y la transparencia de las organizaciones gremiales, la protección y fortalecimiento de las garantías individuales y colectivas de los trabajadores, el combate a la corrupción y antidemocracia en las instancias de impartición de justicia laboral, los derechos de la mujer trabajadora y de los jóvenes, así como la eliminación de toda forma de injerencia de los patrones y el gobierno en la vida interna de los sindicatos. En suma, democracia y transparencia para todas y todos.

Por todo lo anterior le preguntamos a los legisladores y a quienes promueven la contrarreforma laboral: ¿Cómo pueden hablar de democracia cuando en unos cuantos días, sin que mediara la más mínima consulta con los trabajadores y sus organizaciones, se pretenden eliminar las conquistas históricas, sociales y sindicales contenidas en nuestra Carta Magna, las que fueron producto de la primera revolución social del siglo XX?

No cabe duda, la reforma que proyecta aprobar el Legislativo es claramente anticonstitucional, ya que vulnera lo establecido en los artículos Primero y 123 constitucionales y transgrede los convenios internacionales que protegen los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

Compañeras y compañeros: esta batalla aún no concluye, la iniciativa de reforma ha regresado a la Cámarade Diputados y aún es posible hacer oír nuestra voz para que quienes se dicen representantes populares midan las consecuencias de sus actos. Que quede claro: los sindicalistas mexicanos no aceptamos ni aceptaremos que la aprobación de la contrarreforma laboral sea un hecho consumado. ¡Todavía es tiempo de actuar para detenerla o revertirla!

Con esta gran Convención Nacional Sindical, la lucha por defender las conquistas laborales y sindicales está pasando a una etapa superior. Las Centrales, Frentes Federaciones, Sindicatos y Secciones sindicales presentes nos comprometemos a escalar nuestras acciones en todo el país y a incrementar la organización de las y los trabajadores para la defensa de sus derechos, hoy en peligro.

 

Las diferencias que nos han distanciado en el pasado pasan a segundo término frente a la magnitud del reto que enfrentamos. Anunciamos, en consecuencia, que desarrollaremos la más amplia unidad en la acción para detener esta reforma laboral antiobrera y antisindical, y para evitar que prospere cualquier otro proyecto que atente contra los intereses de los trabajadores y la nación.

Convocamos a todas las organizaciones sindicales dispuestas a defender los derechos de los trabajadores amenazados por la reforma neoliberal a sumarse al gran esfuerzo unitario que significa esta Convención Nacional Sindical y a las acciones  que llevaremos a cabo en los próximos días de conformidad con el siguiente Plan de Acción:

1).     Integrar una instancia de dirigentes de nuestros sindicatos que se encargará de instrumentar y precisar el Plan de Acción dela Convención.

2).     Reforzar la campaña nacional en contra de la reforma patronal utilizando las redes sociales y las formas tradicionales de comunicación, como mantas y carteles, rechazando la pérdida de nuestros derechos laborales.

3).     Realizar una gran Marcha Nacional en un día domingo (por definir), a la que acudirán los trabajadores y sus familias, la que se llevará a cabo enla Ciudadde México y en las principales localidades del país.

4).     Realizar una amplia consulta nacional entre los miembros de nuestros sindicatos para definir si el próximo 20 de noviembre se realiza un paro o huelga nacional.La Jornada Nacionalde protesta podrá incluir otras acciones como la distribución de volantes, la realización de mítines relámpago, efectuar marchas en las principales plazas públicas, colocación de mantas y pancartas en los centros de trabajo y vía pública, etc.

México, D. F., a 31 de octubre de 2012.

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